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Opinión - Editorial

 

La semana petrolera latinoamericana :

Víctor Flores García: Argentina y Venezuela
abandonan a Correa en guerra contra Chevron

 


La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dio su vuelta de tuerca final en el juicio contra la petrolera Chevron-Texaco por daños ambientales en la Amazonía, al fijar esta semana en 8.464 millones de dólares la indemnización; pero la resolución llega cuando el presidente Rafael Correa pierde la batalla en tribunales internacionales y es abandonado por sus socios bolivarianos de Argentina y Venezuela, que prefieren los negocios con los estadounidenses.

El caso tiene todos los elementos para que la opinión internacional se polarice con sus prejuicios sin entrar en los complejos detalles de la saga iniciada en 1993, que apuntan a una responsabilidad compartida entre la petrolera y los gobiernos anteriores de Ecuador, sin contar con la oscura trama judicial que ha costado al Estado ecuatoriano decenas de millones de dólares en abogados.

La resolución de última instancia del martes 12 de noviembre de 2013 no fue del todo favorable al Presidente, porque desautorizó a un juez provincial de la Amazonia ecuatoriana de Sucumbíos que había duplicado a 19.000 millones de dólares la indemnización si no había una disculpa pública de la petrolera.

Pero Correa aceptó el fallo multimillonario en el enredo que ya dura dos décadas mientras la petrolera multinacional la rechazó, aunque la resolución reconoce que Chevron-Texaco no actuó con mala fe en el proceso ante la Corte Provincial de Sucumbíos.

Guerra de propaganda

La petrolera confía en otro juicio en Nueva York que declare fraudulenta la resolución ecuatoriana por el uso de sobornos y fabricación de pruebas.

Además, Ecuador ya perdió este año dos litigios internacionales del caso ante la comisión para el derecho mercantil de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en La Haya; y estableció que la sentencia de la Corte Nacional de Ecuador deberá ser pagada por el Estado ecuatoriano y no por la petrolera.

Y aquí comienza a resurgir una danza de altos funcionarios ecuatorianos que liberaron de responsabilidad a la petrolera norteamericana: la Corte de La Haya falló en contra del Ecuador debido a que entre 1995 y 1998 Petroecuador y Texaco firmaron acuerdos de liberación de responsabilidades. Esos documentos son la principal arma defensa de Chevron-Texaco.

A finales de los años 90 los gobiernos de los presidentes Sixto Durán Ballén en 1995 y Jamil Mahuad en 1998, firmaron acuerdos para liberar de responsabilidad a Texaco, que nació de la separación del estigmatizado imperio petrolero norteamericano fundado por la familia Rockefeller, la extinta Standard Oil.

Por esa razón, el 17 de septiembre de 2013, la Corte de Arbitraje de La Haya concluyó que Chevron-Texaco no es responsable de ningún reclamo colectivo, ambiental y social.

La memoria colectiva se ha vuelto cada vez más corta y subordinada a campañas mediáticas: en la operación propagandística gubernamental, el mismo día que perdió su batalla en la corte de la ONU, el Presidente se manchaba sus manos con petróleo junto con el actor Danny Glover en la provincia amazónica de Sucumbíos.
Ese mismo día lanzaba la campaña La mano sucia de Chevron-Texaco, con una declaración: “Yo metí la mano en una especie de pantano donde sale el agua con puro aceite. Y estos inmorales, delincuentes, con sus millones quieren pretender que esto no existe. Existe señores y cualquiera de ustedes lo puede ir a probar y no podrán tapar la verdad”.

Pero al mismo tiempo, en una decisión contradictoria, Correa también ponía fin a otra ilusión en la Amazonía: anulaba la audaz idea de salvar una de las mayores reservas de la biosfera en el planeta, Yasuni, habitada por aborígenes, que soñaban con dejar bajo tierra una riqueza petrolera a cambio de un bono internacional por la mitad de su valor en el mercado de hidrocarburos calculada en 18.000 millones de dólares, que nunca se recaudó.

Del otro lado de la trama, Alí Moshiri, el máximo gerente de Chevron para Latinoamérica y África se fotografiaba junto con Cristina Fernández de Kirchner y el jefe máximo de la petrolera venezolana PDVSA, Rafael Ramírez, mientras la controversia crecía en Ecuador, país que sigue suministrando petróleo a Chevron, triangulado ilegalmente a través de Petrochina.

Cincuenta años del petróleo amazónico

El próximo año 2014 se cumplen 50 años del inicio de las operaciones de Texaco en la selva amazónica, que terminaron en un litigio por la duda ambienta ambiental generada por el uso de tecnologías contaminantes.

Hace más de 20 años la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana- Petroecuador tomó posesión de todas las operaciones del consorcio y Texaco abandonaba el país en 1992.

En noviembre de 1993 un grupo de indígenas y colonos presentaron ante una corte de Nueva York un juicio en contra de Texaco, para obtener la reparación de los daños ambientales. Dos años más tarde, en 1995, se firmaba un inédito contrato de reparación ambiental y en 1998 se firmó el acta de finiquito. Todo parecía terminado.

A raíz de la firma de los cuestionados documentos de liberación de responsabilidad, la petrolera extranjera asegura que su trabajo de remediación ya está hecho y lo que falta por hacer corresponde a la estatal Petroecuador, hoy rebautizada Petroamazonas, compañía que también operó en la zona.

Los documentos firmados por funcionarios ecuatorianos son una parte de la historia en el proceso internacional, que muestran un lado oscuro que pasa desapercibido por los ecologistas y grupos de izquierdas que gustan desplegar su retórica anti-estadounidense, sin reparar en la complejidad de los argumentos de las partes.

Entre octubre de 1995 y septiembre de 1998, en los gobiernos que se sucedieron de Sixto Durán, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Jamil Mahuad, se firmaron nueve actas en las cuales quedó documentada su aceptación de que los daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana habían sido remediados y certificados con cientos de documentos.

Una profusa investigación de Fernando Villavicencio y Belén Palma, publicada en el medio independiente Plan V orientado hacia el periodismo profundidad me ha servido para reconstruir esos aspectos ocultos u olvidados de la historia.

Un símbolo del ecologismo global

En sus sueños por un mundo mejor, los argumentos de los ecologistas suelen torcer algunos datos de la realidad. Por ejemplo, en 2001, Chevron, la segunda compañía petrolera más grande de Estados Unidos, con operaciones en 180 países, adquirió las acciones de Texaco. Entonces, esa alianza empresarial fue considerada como una maniobra para eludir la acción de la justicia en Ecuador y no como una estrategia de alianzas muy común en la industria petrolera.

De la misma manera, cuando un año más tarde, en agosto del 2002, la Corte de Apelaciones en los Estados Unidos, resolvió someter a Chevron-Texaco a la jurisdicción de Ecuador, los defensores del medio ambiente se olvidaron de los argumentos nacionalistas, debido a que se abría la puerta para que la multinacional activara las actas de aceptación de la reparación de daños firmadas por altos funcionarios ecuatorianos.

Y fue gracias a un fallo de una corte de Nueva York que el caso regresaba al país andino y permitía que, en 2003, los representantes de 30 mil indígenas y colonos de la Amazonía norte de Ecuador emprendían nuevos juicios en su país y no en Estados Unidos contra Chevron-Texaco “por haber causado de manera premeditada el mayor daño ambiental registrado en la industria petrolera”.

Según los demandantes, la empresa arrojó en esa región amazónica 16 mil millones de galones de aguas de tóxica a ríos, esteros y fuentes de agua, de las cuales viven los habitantes de la zona; además, Texaco vertió en la superficie 650.000 barriles de petróleo, construyó 880 fosas sin ningún tipo de recubrimiento ni aislante, en las que depositó crudo y desechos tóxicos, que siguen contaminando las aguas subterráneas y la atmósfera.

El caso fue incorporado por los ambientalistas a la lista de los mayores desastres ecológicos del planeta, emparentado con la catástrofe del petrolero Exxon-Valdez que encalló el 24 de marzo de 1989 en las costas de Alaska, vertiendo al mar su carga de 11 millones de galones de hidrocarburo.

En una época en la cual la conciencia ecologista era frágil en el mundo, Texaco descartó técnicas ambientales estándares con el fin de maximizar sus ganancias, derramando miles de millones de galones de agua contaminadas con químicos tóxicos y carcinogénicos.

La multimillonaria sentencia de un juez de la provincia de Sucumbíos llegó en 2011 y en julio de este año 2013, Chevron realizó un contraataque sin precedente: reveló las pruebas de que la sentencia dictada era producto de procesos sobornados, falsificación de pruebas y actividades ilícitas ejecutadas por los abogados de los demandantes.

La empresa logró la autorización de intervenir las direcciones IP de cientos de personas ligadas al caso de tal manera que obtuvo correos electrónicos, anotaciones, agendas, videos, memos, declaraciones y toda la información que estaba en poder del equipo de abogados de los demandantes en Estados Unidos.

La espalda de los aliados

Todo el enredo en la Amazonia ecuatoriana, ocurre mientras los principales aliados bolivarianos de Correa se alían con Chevron en proyectos estratégicos de miles de millones de dólares.

La campaña de Correa insta a todo el mundo a no comprar productos de la marca Chevron y poco antes había buscado el apoyo de la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR), un proyecto inspirado por el fallecido presidente Hugo Chávez que tiene como eje la matriz energética. Correa buscaba evitar el desprestigio al Ecuador en el caso contra la petrolera.

No ha habido mucha coherencia ideológica ni ecológica en los presidentes que se declaran bolivarianos: en pleno litigio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Argentina anunció en julio pasado, el desembarco de Chevron en Argentina, con una inversión de 1.240 millones de dólares para explotar el crudo no convencional del reservorio Vaca Muerta en la Patagonia argentina (habitada por indígenas mapuches) y producir unos 50.000 barriles diarios de crudo en 2017 en esa región remota de la provincia de Neuquén.

La presidenta se curó en salud ante el caso Ecuador versus Chevron, de manera silenciosa apeló a la justicia argentina -con notable control kirchnerista- para que suspendiera cualquier incautación de bienes de la multinacional Chevron que dispusiera la amazónica Corte de Justicia de Sucumbíos.

El Viceministro de Economía, Axel Kicillof, se refugió en las diatribas ideológicas para justificar la urgencia de inversión extranjera satisfecha mediante la llegada de Chevron, en reemplazo de la española Repsol, cuyas acciones en la estatal YPF habían fueron nacionalizados en mayo de 2012.

“Para ellos pasamos de chavistas a vende patrias en un día. No hay una gran empresa estatal de petróleo en el mundo que no esté asociada a capitales extranjeros", dijo Kicillof para justificar la nueva relación con Chevron, un año después de que se estatizara YPF bajo la bandera de la "soberanía energética".

Vaca Muerta es el mayor reservorio de hidrocarburos no convencionales de Argentina, encapsulados en rocas de esquisto que se explotan con la polémica inyección de los químicos a presión (fracking): "Los recursos no convencionales existieron siempre, pero no había la tecnología ni los precios que hay hoy. Los recursos se han vuelto viables". De nuevo, la industria petrolera mostraba que no tiene ideología.

Pero el caso que menos gusta abordar a quienes defienden la retórica ideologizada ocurre en la cuna de los proyectos neo-bolivarianos: Chevron continúa haciendo excelentes negocios con Venezuela y su presidente para América latina Alí Moshiri, un viajero frecuente a Caracas, se manifiesta como un admirador del ex presidente Hugo Chávez.

El 11 de septiembre de 2012 la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Chevron sellaron un acuerdo para explotar un bloque ubicado en su frontera marítima que contiene 10 billones de pies cúbicos de gas.

Y en mayo de este año 2013, Alí Moshiri anunció un préstamo de 2.000 millones de dólares a PDVSA para fortalecer la operación de la empresa mixta Petroboscán, proyecto del cual Chevron es socio minoritario con el 39 por ciento de las acciones.

El afecto de los presidentes Nicolás Maduro y Cristina Fernández de Kirchener hacia Alí Moshiri, un veterano gerente petrolero de origen iraní, no son congruentes con la hermandad latinoamericana profesada a su amigo Rafael Correa.

Y Ecuador provee de petróleo a… Chevron

Y para terminar el sainete de incongruencias entre retórica, propaganda y negocios petroleros, el propio gobierno de Rafael Correa que llama a no comprar productos de la petrolera multinacional es el proveedor indirecto de la refinería de Chevron en California, Estados Unidos, a través de la estatal Petrochina, en una violación de los acuerdos comerciales.

“Desde el año 2007 se provee regularmente de crudos Oriente y Napo (ecuatorianos), a la refinería de Chevron Products, en California EEUU, a través de Petrochina, empresa que revende el petróleo ecuatoriano en el mercado norteamericano, vulnerando el convenio de Alianza Estratégica, que obliga a la compañía china a llevar el crudo a sus refinerías”, indica la investigación de los periodistas independientes ecuatorianos Fernando Villavicencio y Belén Palma

En su extenso documento de 20 páginas titulado el Expediente Chevron, se publican las copias del informe de la Contraloría del Estado, emitido en marzo del año 2013, que prueban la reventa que los chinos hacen a Chevron del crudo ecuatoriano.

El Banco de Desarrollo de China (CDB), ya se curó en salud y en dos comunicaciones enviadas al gobierno de Ecuador, el 25 y el 29 de octubre del 2012, expresaron su preocupación por diversos juicios internacionales que enfrenta Ecuador además del caso Chevrón, como por ejemplo contra la petrolera Occidental (Oxy), que ese mes ganó un laudo en el organismo de arbitraje de inversiones internacionales del Banco Mundial (CIADI).

Los chinos defendieron sus intereses en reuniones sostenidas en Beijing como parte de las negociaciones para la concesión de nuevos créditos para Ecuador atados a la provisión de petróleo.

El Banco de Desarrollo de China (CDB) hizo cinco advertencias tajantes a los representantes de Correa: 1.Que el Ecuador no incumpla tratados internacionales vigentes. 2. Que se respeten los resultados de arbitrajes internacionales. 3. Que el CDB no sea involucrado en disputas relacionadas con fallos arbitrales o sentencias judiciales contra Ecuador. 4. Que se respeten los acuerdos financieros vigentes con el CDB. 5. Que los fondos a Ecuador por préstamos y acuerdos de comercialización de petróleo, y el pago de esos créditos, sean protegidos por inmunidad bajo el derecho chino.

Correa no pude cobrar nada en Ecuador porque Chevron no tiene activos en el país. Pero tampoco puede irse a cobrar a China, Venezuela o Argentina, que no juegan la campaña del boicot y voltean la vista hacia otro lado.


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Víctor Flores García, Especialista en comunicación y procesos políticos latinoamericanos. Posgraduado en Communications Policy Studies, City University, Londres y graduado con honores por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México. Consultor asociado de AFAN Consultores Internacionales como experto en comunicación y análisis y consultor (STC) del Banco Mundial en estrategias comunicación gubernamental. Con una carrera periodística de más de 25 años, especialista en temas internacionales, ha vivido México, Uruguay y Venezuela; y ha recorrido varios países de América Latina cubriendo los procesos políticos y sociales contemporáneos más relevantes. Ha sido corresponsal para la Agence France Presse, (1996-2008). Desde 2008 a la fecha es especialista en temas energéticos y editor para México de PetroleumWorld. Colaborador de temas internacionales para Dominical Milenio de México (antes Milenio Semanal) y la revista electrónica Contrapunto. Ha publicado ensayos y libros sobre comunicación política y democracia y ha sido profesor de Comunicación Política en las universidades Iberoamericana (DF), Claustro de Sor Juana, Intercontinental, de las Américas Puebla y miembro de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.

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