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A 20 años de los Acuerdos de Chapultepec -El Salvador

Por Juan Jose Dalton

El 31 de diciembre de 1991, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, las delegaciones del gobierno y la guerrilla salvadoreños apuraban las horas para llegar a un acuerdo que pusiera fin a una guerra que desangraba a su país desde hacía 12 años.

El secretario general de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, finalizaba su periodo a la medianoche, y ese era el límite para que el apretón de manos final se produjera. Sin embargo, tras cinco rondas de negociación, algunos temas que se creía no presentarían mayor problema se volvían escollos insalvables.

En un receso de la discusión, Margarita Llach –esposa del presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, y miembro de una de las familias de terratenientes más adineradas del país– reprendió enérgicamente a su esposo, a los miembros del gobierno y sobre todo a los militares presentes por su estrategia de entorpecer la negociación, y les demandó que de una vez por todas permitieran que se firmara el acuerdo.

El gesto de esta mujer reflejó la tensión que se vivía en esas horas en un proceso de negociación que venía de septiembre de 1989, y en el que el gobierno de Cristiani había tenido que lidiar con la presión constante de la cúpula de las fuerza armadas. La institución, comandada por su ministro de Defensa, René Emilio Ponce, y un grupo de militares salidos de la promoción de 1966 conocida como La Tandona, era el gran nudo.

Su poder, heredado de seis décadas de dictaduras militares, era inmenso, y el principal objetivo de todo el proceso de negociación, desde su inicio, era arrebatárselo para configurar un sistema democrático liberal moderno, abierto a la participación de todas las ideologías.

“El nudo gordiano”, dice Roberto Cañas, excomandante guerrillero que se convirtió en diplomático y negociador de la paz, “era despojar a los militares de su poder, mismo que sobredeterminaba en la sociedad por casi todo el siglo XX”.

Las presiones que vivía Cristiani eran de tal magnitud que, según documentos desclasificados de la CIA, el entorno de su mentor y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el mayor Roberto d'Aubuisson, planeó asesinarlo en 1990. Su decisión de acabar con el conflicto negociando con la guerrilla y quitando poder a las fuerzas armadas fue vista como una traición por la ultraderecha, que durante tantos años había tenido el poder absoluto en el país.

En aquellos meses, los rumores de un golpe militar estuvieron a la orden del día.

Cristiani desmintió los rumores, pero la incertidumbre permanecía, ya que el Ejército, con tal de conservar el poder, no escatimó matanzas y asesinatos selectivos, como el del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980.

Finalmente, ya con el tiempo cumplido, prácticamente en la prórroga, ambas partes consiguieron ese 31 de diciembre cerrar el acuerdo que 16 días después se firmaría en el Castillo de Chapultepec, en México, y que daría oficialmente por finalizada la guerra.

“La gente cree que los acuerdos concluyeron ese 16 de enero de 1992, pero en realidad todo quedó cerrado el 31 de diciembre de 1991, en Nueva York, apenas unos minutos antes de que terminara el año”, rememora Cañas.

El pasado lunes 16, El Salvador celebró los 20 años de los Acuerdos de Paz de Chapultepec con los que se puso fin a un conflicto que costó la vida a cerca de 75 mil personas, que dejó alrededor de 8 mil desaparecidos y que terminó en una mesa de negociación a la que se sentaron el gobierno de Cristiani –primer presidente de Arena, partido que gobernaría el país dos décadas– y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que luego se hizo partido político y ganó las elecciones presidenciales de 2009 con Mauricio Funes como candidato.

Mesas de diálogo

Aunque había habido contactos anteriores entre los bandos rivales, en 1984 y 1987, el proceso de diálogo y negociación que finalmente llegó a buen puerto se desarrolló entre el 13 de septiembre de 1989 y el 31 diciembre de 1991. El punto central fue el papel que iban a tener las fuerzas armadas tras la guerra.

El objetivo era apartar a los militares del poder político que habían ejercido de hecho desde 1932 con el beneplácito de la oligarquía salvadoreña, y configurar un sistema democrático liberal moderno en el que la necesaria representación de la izquierda fuera ejercida por el FMLN, constituido en partido político.

Ambos actores de la negociación llegaron por distintos derroteros a la conclusión de que ése era el camino para el final de la guerra. De acuerdo con los protagonistas del proceso, tanto el gobierno como la guerrilla percibieron un hartazgo cada vez más evidente de la población.

Por otra parte, ambos bandos concluyeron que una victoria militar completa era prácticamente imposible. El FMLN era una guerrilla fuerte, con sus fuentes de financiación y armamento muy bien engrasadas y una considerable experiencia en el terreno. El ejército, por su parte, recibía apoyo de Estados Unidos en recursos y entrenamiento, lo que no permitía que decayera su capacidad para resistir la embestida insurgente.

Unos y otros vieron cómo el escenario internacional de la Guerra Fría se desmoronaba: La caída de la Unión Soviética afectó, además de a la guerrilla, al Estado salvadoreño, pues una vez pasada la amenaza de expansión comunista, Estados Unidos ya no tenía por qué seguir alimentando a un régimen que impedía la democracia y violaba los derechos humanos.

Los cambios políticos en Nicaragua y Estados Unidos también debilitaron los apoyos internacionales de ambos bandos. Por una parte, el Frente Sandinista de la Liberación Nacional (FSLN) perdió el poder en el país vecino. Un referente para el FMLN, por ser una de las dos únicas revoluciones que, junto a Cuba, había triunfado en América Latina, se venía abajo en 1990. El sandinismo era un gran apoyo logístico para el frente oriental, donde luchaba el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

También ese año, el gobierno de Estados Unidos pasaba a manos de George Bush, menos dispuesto que su antecesor, Ronald Reagan, a extender cheques en blanco a ejércitos represores. Y, además, la ONU adquirió un papel protagónico en la mediación y verificación para la resolución del conflicto.

Además, hubo cuatro países que se involucraron directamente en la mediación para la paz en El Salvador: México, España, Colombia y Venezuela, los cuales formaron el Grupo de los Cuatro Amigos, un ente al que en ocasiones se unían representantes estadunidenses. Su papel fue vital en un contexto en el que, tras 12 años de guerra abierta y antes algunos más de lucha social y represión, los niveles de desconfianza entre ambos bandos eran muy altos.

Primer encuentro

Las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Jerónimo, en la ciudad de México, fueron el escenario de la primera reunión formal entre las delegaciones negociadoras.

Fue el 13 de septiembre de 1989, con el auspicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando en un ambiente de tensión, recelosos de la convicción del otro de acabar con la barbarie, incrédulos del compromiso de su enemigo con la paz, los representantes de los bandos que se venían despedazando mutuamente, y al país desde hacía más de nueve años, se sentaron cara a cara por primera vez.

Dos días después se llegaba a un primer acuerdo: el establecimiento de los conceptos básicos para la negociación.
Pero llegar a ese punto no fue fácil. En su discurso de toma de posesión, Cristiani llamó al diálogo a la guerrilla.

Mucho se cuidó el nuevo presidente de utilizar la palabra negociación, algo en aquel momento inaceptable para la cúpula militar. Unos dicen que el nuevo presidente estaba movido por su convicción pacifista, otros porque tenía un proyecto económico basado en la inversión extranjera que no era viable con la guerra en marcha. Poco a poco Cristiani fue haciéndose del poder suficiente para controlar al ejército.

En los primeros meses de su mandato también fue conformando la comisión que representaría a su gobierno en las negociaciones, tarea que no resultó sencilla, según uno de los personajes que finalmente formó parte de ese grupo: el escritor y académico David Escobar Galindo.

“(Cristiani) trató de hacer una comisión formada con figuras muy relevantes del país y no fue posible. Figuras muy establecidas del mundo político, del mundo académico. Después trató de hacerlo con representantes de partidos políticos y tampoco se pudo. Al final optó por configurar una comisión en la que hubiera algunos ministros de su gobierno y algunas personas que no tuvieran vinculación directa con el gobierno. Yo era uno de ellos”, expone Escobar.

Del otro lado, el FMLN, formado en 1980 por cinco organizaciones populares revolucionarias opositoras al régimen militar que en aquellos años reprimía con furor a la población, necesitaba reuniones maratónicas para sentar una posición conjunta con la cual ir a la negociación.

Salvador Samayoa, firmante de los acuerdos por el FMLN, explica que en la guerrilla había distintos pesos, marcados por el tamaño y la capacidad de las organizaciones que la formaban. Él pertenecía a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), la más grande de las cinco que integraban el FMLN, por tanto, la que más peso tenía. Su participación fue constante en el proceso de negociación y, según cuenta, tenía cierto margen cuando estaba frente a los negociadores del gobierno.

“Había pesos distintos en el Frente. Nosotros designamos desde octubre del 90 el grupo de trabajo, que eran tres por parte del gobierno y tres de la guerrilla. Los tres de la guerrilla éramos Shafick Handal (del Partido Comunista), Ana Guadalupe Martínez (del ERP) y yo, que éramos las tres organizaciones con más peso. Por supuesto, en algún momento consultábamos cosas con el grupo más amplio, pero teníamos un margen importante”, señala.

Los enclaves guerrilleros para sentar su posición conjunta eran reuniones en las que había un promedio de 25 miembros de las cinco organizaciones, que se celebraban en distintos lugares del mundo, como Managua o México.

En la capital mexicana, según cuenta el también firmante de los acuerdos de Chapultepec y negociador del FMLN, Roberto Cañas, la Secretaría de Gobernación sabía de nuestro local “secreto”, en la avenida Benjamín Franklin, para los jefes guerrilleros salvadoreños.

“Yo creo que era muy hábil, porque en vez de que nos anduvieran buscando, la Secretaría de Gobernación sabía dónde estábamos, qué teléfonos ocupábamos, quiénes llegaban, y ellos llegaban a nuestra oficina. Eso es más hábil que prohibirlo y después andarnos buscando”, valora Cañas.

Ahí, en esos prolongados encuentros, las discusiones, en la más pura tradición de la izquierda latinoamericana, se eternizaban. El momento de tomar decisiones era el inmediatamente anterior a una nueva reunión con la comisión gubernamental, ante la cual el FMLN se mostraba sólido, sin fisuras.

Cañas cuenta que en ese proceso causó estupor la propuesta de su organización, la Resistencia Nacional (RN), de pedir asesoramiento de un experto estadunidense. “Tomamos la idea de considerar asesorarnos de un norteamericano, aunque eso no era gratuito porque el nivel de comprometimiento de la administración norteamericana en el financiamiento, entrenamiento y apertrechamiento del ejército salvadoreño era total. Cuando lo planteamos en la comandancia fue una cosa desconcertante”, explica.

Pidieron ese apoyo a un mediador que había trabajado con el FSLN en la negociación con la “contra”, pero éste no pudo dárselo. Después, a inicios de 1990, el propio gobierno de Estados Unidos llamó al FMLN a realizar un curso de negociación en Harvard con Roger Fisher, que se convirtió en colaborador de los guerrilleros salvadoreños.

“Hasta el tope”

Aunque el proceso de negociación estaba abierto, la guerra continuaba. Menos de dos meses después del acuerdo alcanzado en México, el 11 de noviembre de 1989 el FMLN lanzó una ofensiva general sobre San Salvador. Fue la operación militar más importante de toda la guerra y por varios motivos marcó el camino hacia un final negociado.

Por primera vez en todo el conflicto, las hostilidades se presentaron en las colonias de la capital en las que vivían los oligarcas salvadoreños. Éstos, junto al gobierno y los militares, vieron cómo la guerrilla sentaba posiciones a pocas cuadras de sus residencias y cuarteles generales.

Aunque la labor mediática realizada por algunos comandantes de la guerrilla, principalmente Joaquín Villalobos, y la propia inteligencia del ejército habían puesto al gobierno sobre aviso, el ataque sobre la capital fue de una magnitud inesperada y obligó a tomar decisiones desesperadas, como el bombardeo aéreo de barrios populares.

La madrugada del 16 de noviembre de ese año, en plena ofensiva, seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), una de sus empleadas y la hija de ésta, aparecieron asesinados. Aunque el batallón militar encargado de la matanza se esforzó por dejar pruebas que incriminaran a la guerrilla, pronto se dio por hecho que había sido una decisión tomada en los más altos círculos de la cúpula militar. Fue un hecho que restó mucho capital político a las fuerzas armadas y mucho apoyo desde Estados Unidos.

“La fuerza armada tenía un desgaste importante por violaciones de derechos humanos. El hecho de la matanza de los jesuitas es el principio del fin en el sentido político. Prácticamente a los dos días les estaban diciendo en el Congreso de Estados Unidos que no les iban a estar dando un cheque en blanco”, afirma Samayoa.

La ofensiva fue la constatación definitiva de que las fuerzas militares estaban parejas. También sirvió para que algunos comandantes del FMLN abandonaran la esperanza de una insurrección popular que acompañara a su ataque. Era una idea que había defendido sobre todo Villalobos, el más empeñado en sentar posiciones fijas en algunos barrios del norte y el oriente de la capital, los más proclives a apoyar a la guerrilla, esperando que la población se uniera a ellos.

Villalobos “creía que mantener las posiciones en los barrios populares iba a ser exitosa”, recuerda Samayoa. Sin embargo, cuando vio que la insurrección popular no se producía, el propio Villalobos, que había instado a los otros comandantes a adoptar su estrategia, fue el primero que retiró sus tropas sin avisar al resto de las organizaciones.

En diciembre de 1989, tras la ofensiva, se retomó la negociación en México y se avanzó hacia un nuevo acuerdo formal, firmado en Ginebra el 4 de abril de 1990. Allí se establecieron objetivos básicos de la negociación, que una vez logrados deberían establecer las condiciones y garantías para la incorporación de los integrantes del FMLN a la sociedad.

Desde ese punto, el proceso caminó hacia otro acuerdo –en Caracas, en mayo– en el que se dejaron sentados los asuntos sobre los que se iba a negociar. En primer lugar se puso el tema de las fuerzas armadas, seguido del de derechos humanos y los cambios estructurales en las instituciones del Estado, así como en la Constitución. También se dejó sentado que todo ello sería verificado después por la ONU.

Sin embargo, aunque estuviera como primer punto, la negociación tuvo que posponer el tema militar.

“Ahí es donde surgían ciertos símbolos. Por ejemplo, el FMLN inmediatamente sacó el tema de permanencia de la fuerza armada, que era un tema muy sensible”, explica Escobar Galindo.

“El tema de la fuerza armada tuvo niveles de entrampamiento generalmente muy fuertes, el nudo fue ese”, confirma Cañas.

De ahí que el siguiente acuerdo, firmado en San José de Costa Rica en julio de 1990, fuera sobre derechos humanos. No hubo más avances hasta abril del siguiente año, cuando nuevamente en México se dio el empuje final al proceso, que culminó con las dos rondas finales de septiembre y diciembre de 1991 en Nueva York.

El 31 de diciembre, tras sesiones maratónicas de negociación y gracias en gran parte a la presión internacional sobre ambas partes para que flexibilizaran sus posturas, el acuerdo quedó listo para ser firmado el 16 de enero en México.

Según reportes periodísticos de aquellos días, Estados Unidos ejerció una fuerte presión sobre Cristiani y su ministro de Defensa, René Emilio Ponce, mientras que el Grupo de los Cuatro Amigos debió hacer lo propio con el FMLN.

Los representantes de estos cuatro países también tuvieron que desplegar toda su habilidad diplomática cuando la esposa de Javier Pérez de Cuéllar llegó dispuesta a llevarse a su marido, aquejado de fiebre y fuertes dolores lumbares.

Finalmente lo consiguieron y Pérez de Cuéllar pudo presenciar el buen fin de un proceso de negociación en el que la ONU jugó un rol que nunca antes había jugado en ningún conflicto interno. También fue crucial la labor de supervisión que posteriormente realizó, ya bajo mandato de Butros Ghali, para que la guerrilla y el ejército cumplieran los compromisos.

 


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