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Un país de culpas: Petróleo, Corrupción, Ineficiencia


Por Ricardo Escalante 

XII  PETRÓLEO, CORRUPCIÓN, INEFICIENCIA

Rafael Ramírez, super ministro

En los años 90 los precios del petróleo atravesaban un período de depresión porque, entre otras cosas, los miembros de la OPEP no respetaban las cuotas de producción establecidas por la organización y Venezuela no era la excepción.

En el afán por encontrar solución a los requerimientos fiscales, el país exportaba cantidades de crudos superiores a las oficialmente declaradas. El doble discurso de la administración del presidente Caldera permitía mayores ingresos a la vez que contribuía a mantener la erosión del mercado petrolero.

Poco después del ascenso de Chávez a Miraflores, los países de la OPEP lograron un acuerdo para limitar la producción y pronto empezaron a sentirse los efectos positivos en los precios del crudo venezolano, que nueve años después llegaron a 120 dólares por barril. En los cuarenta años anteriores, Petróleos de Venezuela había sido considerada un modelo organizacional entre las grandes corporaciones energéticas del mundo, pero Chávez la transformó en herramienta política, degradando en corto tiempo la eficiencia gerencial, técnica y de investigación. Los costos de producción se dispararon, se perdió el personal altamente calificado y la moral se horadó.

En medio de esas circunstancias surgió un ambiente de malestar general la corporación y los conflictos laborales se multiplicaron. La peor de esas situaciones duró dos meses, con la huelga petrolera que se inició en diciembre de 2002. El Presidente de la República hizo lo que a nadie más se le podía ocurrir: despidió 20 mil gerentes, profesionales, técnicos y obreros calificados.

Ni siquiera permitió el pago de los beneficios que les correspondían de acuerdo con el contrato colectivo y con la ley del trabajo. Luego prohibió a las empresas extranjeras que operaban en el país contratar a los despedidos, so pena de sanciones económicas, lo que significaba desconocer el principio constitucional del derecho al trabajo y otras disposiciones legales. Gran parte del personal altamente especializado de PDVSA, en cuya formación el país había invertido tiempo y mucho dinero, fue a parar entonces a transnacionales en distintas partes del mundo. En su condición de Presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, flamante figura en todos los años chavistas, asumió la responsabilidad del despido masivo.

Recuerdo que mientras trabajaba como periodista para El Nacional, muchas veces conversé con Rodríguez durante el gobierno de Rafael Caldera, tanto en su oficina parlamentaria como en el viejo y discreto Café Viena, situado a mitad del Pasaje Zingg de la Avenida Universidad, así como también con sus amigos Bernard Mommer y Bernardo Álvarez. En aquella época, Rodríguez y Álvarez
disfrutaban de la inmunidad de congresistas, primero en la bancada de la Causa R y después en Patria para Todos (PPT), además de los pasaportes diplomáticos y otras prerrogativas que el sistema les ofrecía.

Al llegar la administración de Chávez, Rodríguez se convirtió en ministro de Energía y Minas, después en presidente de la OPEP, presidente de PDVSA, ministro de Relaciones Exteriores, embajador en Cuba, ministro de Finanzas y, finalmente, ministro de Energía Eléctrica. En la etapa de Caldera, mientras reunía información para un trabajo periodístico sobre algunos aspectos controversiales de la industria petrolera que era dirigida por Luis Giusti, Rodríguez Araque me puso en contacto con el matemático Mommer, que entonces llevaba vida académica en Oxford. Rodríguez elogiaba a Mommer de manera aparentemente sincera, pero este no tenía una sola palabra o frase que
lo correspondiera.

En la campaña electoral de 1998, Mommer cumplió un papel importante al promover en el Reino Unido la idea de que Chávez era un militar de izquierda moderada con una visión moderna del país, que venía con las alforjas llenas de proyectos. Académicos, políticos y hombres de negocios de Oxford y Londres parecían electrizados por el enigmático oficial que de la noche a la mañana había saltado a la fama con dos palabras (“por ahora”), utilizadas al admitir el fracaso de su golpe de Estado. La flemática élite británica acudía presurosa a escuchar sus palabras en el Canning House, a pocos pasos de la estatua de Bolívar que alguna vez había inaugurado Rafael Caldera.

El matemático profesor -definido por quienes lo conocen como un frío calculador- había contribuido a la redacción de las ofertas electorales de Caldera en 1993. Como premio consiguió un cargo ejecutivo en PDVSA, al cual renunció para iniciar un período de denuncias contra la administración que había contribuido a formar. Altos ejecutivos de PDVSA sostenían que Mommer había intervenido en la parte inicial del diseño de la política de apertura, pero él lo negaba. Luego, en el gobierno de Chávez ha sido Jefe de la oficina de PDVSA en Londres, viceministro de Energía y Petróleo y gobernador ante la OPEP, posiciones en las cuales ha quedado al descubierto como uno de los planificadores del desmantelamiento de la estructura gerencial de la industria petrolera y de proyectos estratégicos, como el de la orimulsión.

En PDVSA y en el ministerio de Energía, Rodríguez fue reemplazado por Rafael Ramírez, quien se ha sentido orgulloso de que la industria petrolera sólo utilice personal chavista y que los proveedores o contratistas nacionales sean afectos al régimen. Públicamente ha advertido que quienes no se identifiquen políticamente con la revolución, tienen que ser “echados a carajazos (golpes) de PDVSA, porque esta debe ser roja rojita”. Ramírez adquirió fama como uno de los personajes que más se han enriquecido, con un sueldo equivalente a 35 mil dólares mensuales, abultados gastos de representación, bonos anuales por varios millones de dólares y pólizas internacionales de seguros. Su sueldo no es elevado si se compara con los existentes entre los ejecutivos petroleros en el mercado internacional, pero su caso tendría que examinarse en el contexto nacional por tratarse de un empleado público que, por un lado, pregona la igualdad en la “revolución” y, por el otro, practica la discriminación política entre los trabajadores y contratistas de PDVSA.

El teniente coronel depositó plena confianza en él, ignorando el conocimiento público de sus desaguisados y las acusaciones en su contra por hechos de corrupción. En una rueda de prensa ofrecida el 9 de diciembre de 2009, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, afirmó que Chávez no se atrevía a destituir al ministro por la importancia de la información que poseía y porque era quien le manejaba “el pote”, con lo cual lanzaba al voleo el señalamiento sobre las irregularidades que salpicaban las puertas del despacho presidencial. Ramírez hizo del conglomerado estatal el primer violador de una ley que establecía la obligación de cambiar divisas a la tasa oficial en el Banco Central. Petróleos de Venezuela vendía grandes cantidades de dólares en el mercado paralelo a través de intermediarios, con la anuencia del Presidente de la República y del entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez. El flamante ministro de petróleo estaba en el centro de esas transacciones generadoras de dinero fácil, en las cuales su cuñado Baldo Sansó era uno de los principales gestores.

De manera casi simultánea, George Kabboul, quien se desempeñó como presidente de Barivén - otra filial del holding estatal-, era señalado como responsable de innumerables negocios irregulares de la empresa PDVSA Alimentos y de importaciones de insumos para la principal industria del país.

Tales desafueros han sido posibles porque PDVSA, al igual que toda la administración chavista, ha escapado a los controles administrativos y las auditorías sólo revelan verdades parciales. Muchas compras han ocurrido incluso con grandes cantidades de dinero en efectivo y a través de empresas de
maletín.

La PDVSA que en otros tiempos era modelo de eficiencia administrativa, empezó a partir del último trimestre de 2008 a aumentar sus deudas con compañías nacionales y extranjeras por concepto de bienes y servicios. A fines de enero de 2009 había quejas porque en los últimos cuatro meses no había honrado sus compromisos económicos con los contratistas. Empresas venezolanas pequeñas y medianas eran empujadas a la quiebra por falta de flujo de caja para financiar sus actividades, mientras otras acudían a la banca para tratar de sobrevivir mediante préstamos con altos intereses. El 18 enero de ese año, el director de finanzas de PDVSA, Eudomario Carruyo, había admitido ante un grupo de corresponsales extranjeros la existencia de un “atraso importante” en los pagos, y dijo que la corporación atravesaba “una situación financiera muy dura, similar a la de otras compañías petroleras en distintos países”.

El presidente de la asociación nacional de industriales metalúrgicos y de minería, Eduardo Garmendia, advertía que las deudas con proveedores nacionales por suministro de recipientes de presión, tanques, válvulas y tuberías, equivalían a 70 millones de dólares. Las acreencias con 220 compañías empleadoras de unas 25 mil personas del estado Zulia superaban los 600 millones de dólares, tras lo cual se veían en dificultades para pagar sueldos y forzadas a reducir sus nóminas. En marzo de 2009 las deudas de PDVSA con firmas nacionales y extranjeras ya superaban los tres mil millones de dólares.

Entre las corporaciones extranjeras afectadas estaba la texana ENSCO, que paralizó un taladro de su propiedad en el campo Corocoro, en el Golfo de Paria. PDVSA, a través de su filial Petrosucre, asumió entonces el control del equipo, con el argumento de que la firma extranjera había abandonado sus responsabilidades y esgrimiendo causas de utilidad pública e interés social, mientras Ensco denunciaba el atraso en los pagos por sus servicios de perforación. Después de meses de infructuosos intentos por recuperar el taladro y de reclamación de la deuda, la firma estadounidense se veía obligada a rescindir su contrato con PDVSA y a plantear un litigio.

Según los planes anunciados por el gobierno, a mediados de 2007 la producción de Corocoro debía ser de 75 mil barriles de petróleo por día y 120 mil barriles para 2009. Sin embargo, después de inversiones superiores a las inicialmente proyectadas, de corrupción y negligencia por parte de PDVSA, a finales de 2008 solo se extraía un poco más de 12 mil barriles diarios, es decir, diez por ciento de lo programado por el Ejecutivo. En junio de 2009 el ministro de Energía aseguraba que la producción de ese campo era de 33 mil barriles por día.

Los resultados obtenidos en ese campo constituían una muestra de ineficiencia. La empresa que lo operaba ordenó a Samsung Heavy Industries, en Corea del Sur, la construcción de un buque tanquero de doble casco (Nabarima) sin motor, ni timón, ni posibilidades de autopropulsión o autonomía, para ser utilizado como facilidad de almacenamiento, con capacidad para 1,3 millones de
barriles de petróleo, que nunca fue utilizada a plenitud porque la producción era insuficiente. El inadecuado mantenimiento terminó por causar daños en uno de los dos sistemas de bombeo, tras lo cual pasó a ser fuente de repuestos. Al expropiar el Nabarima -que era operado por la compañía Exterran-, el gobierno dijo que en el primer trimestre de 2010 entraría en funcionamiento un buque
con mayor capacidad de almacenaje, para atender los planes de aumento de la producción. Otras instalaciones de Exterran también fueron expropiadas sin compensación económica inmediata.

De igual forma, en febrero de 2009 la firma Helmerich & Payne se vio forzada a suspender las operaciones de sus taladros en suelo venezolano por atrasos de PDVSA en la cancelación de una deuda de cien millones de dólares. En junio de 2010 el gobierno procedió entonces a expropiar once taladros de la transnacional norteamericana que estaban en campos del estado Anzoátegui, acusándola de negarse a negociar las tarifas de sus servicios. Lo mismo le  ocurrió a la petrolera Williams, que desde Tulsa confirmaba que el Estado venezolano había estatizado activos de su propiedad en Monagas, en la zona oriental del país, donde poseía y operaba dos plantas de inyección de gas (Pigap II e IGF El Furrial) y otra de compresión. La expropiación ocurría después de atrasos de PDVSA en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo que impulsaba a la compañía extranjera a considerar la posibilidad de apelar a un arbitraje internacional.

Las irregularidades en Petróleos de Venezuela habían comenzado con la llegada de Chávez a Miraflores. En febrero de 1999, el Presidente ordenó que la empresa Earth Tech y Tyco International fuera tomada en cuenta en las contrataciones relacionadas con infraestructura ambiental e ingeniería,
con lo cual se violentaban los procedimientos establecidos por PDVSA. Nadie podía presumir que el jefe del Estado hubiese actuado con ingenuidad o ignorancia al dar una orden de ese tipo, de lo cual quedó constancia escrita firmada por Raúl Baduel, a la sazón secretario privado del Presidente.

En esa época fueron aflorando prácticas irregulares que luego se transformarían en casos de corrupción evidente, como el traslado de un taladro a Bolivia sin que existiera contrato alguno. A mediados de 2008, el equipo pasó a manos de una compañía creada de manera fraudulenta (denominada Sipsa), luego de habérsele cambiado el nombre a otra (Full Industry) que estaba en virtual situación de quiebra y que, a su vez, había sido comprada por la firma petrolera del Estado boliviano (YPFB). El domicilio de Sipsa en Santa Cruz era la residencia de Santos Ramírez, un ex alto ejecutivo de YPFB, muy conocido por sus nexos en las altas esferas del gobierno de Evo Morales y de PDVSA. Ramírez ya se había visto envuelto en escándalos de corrupción.

Muchas filiales de PDVSA, tanto en Venezuela como en el exterior, han sido carcomidas por negocios igualmente turbios. Así, hubo un tiempo en el cual Monómeros Colombo Venezolanos S.A. era acusada de hechos ilícitos que se cometían con el pretexto de “atender planes y programas sociales”. El 16 de abril y el 18 de junio de 2008 esa empresa, a través de una tercera de su propiedad (Ecofértil S.A.), hizo sospechosas donaciones por el equivalente a más de 300 mil dólares a las fundaciones Pilares del Futuro (FPF) e Iberoamericana para el Transporte Sostenible (FITS), tras lo cual las autoridades financieras de Bogotá abrieron una investigación que dejaba en evidencia una madeja de complicidades con las FARC y con narcotraficantes.

El 6 de junio de 2009 El Espectador de Bogotá, que seguía la pista del caso, reportó que cuando los organismos oficiales examinaron los movimientos bancarios de Monómeros, Ecofértil y las referidas fundaciones, se descubrió que dos personas de FITS, beneficiarias de cheques provenientes de esas
asignaciones, tenían vínculos con empresas del narcotraficante Hernán Prada Cortés, a quien llamaban “Ramazote”, “Humberto” o “Papito”, que poseía intereses económicos en Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos y otros países. “Ramazote”, que había adquirido la nacionalidad ecuatoriana mediante un decreto del Presidente Lucio Gutiérrez, y cuyos nexos con las actividades ilegales eran conocidos desde hacía mucho tiempo, fue extraditado a Estados Unidos. En cuanto a la Fundación Pilares del Futuro, era sospechosa la celeridad con que fue tramitada y aprobada una supuesta donación de 150 mil dólares a su favor. El 17 de junio de 2008, la compañía estatal venezolana hizo el desembolso cuando apenas habían transcurrido 24 horas desde la presentación de la solicitud de ayuda.

Esos hechos ocurrían cuando Monómeros Colombo Venezolanos estaba involucrada en un escándalo político en 2008, por el financiamiento de actividades que se presumían relacionadas con acuerdos humanitarios para la liberación de secuestrados por las FARC, pero ningún órgano del Estado venezolano llegó a investigar el asunto. En ese tiempo la senadora liberal Piedad
Córdoba -de estrecha relación con el Presidente venezolano y receptora de sus ayudas económicas-, participaba activamente en campañas publicitarias.

Un país de culpas
- Ricardo Escalante


Un país de culpas
,
Un libro que quita el sueño

Los estudiosos de temas políticos latinoamericanos y especialmente venezolanos, encontrarán en Un país de culpas, que acaba de salir a la venta a través de amazon.com, una obra bien documentada y escrita a manera de ensayo-reportaje por el periodista venezolano Ricardo Escalante.

Se trata de una obra escrita con un lenguaje ágil, directo, analítico y nada complaciente con el gobierno o con la oposición venezolana. Recuerda hechos y actitudes que explican cómo y por qué las culpas de cuanto ha ocurrido en el país están repartidas democráticamente, aunque, por supuesto, algunos han tenido responsabilidades superiores en el proceso que poco a poco fue carcomiendo la democracia siempre inmadura que había comenzado en 1958, sin que se activaran de manera eficiente los mecanismos de rectificación que existían.

Ricardo Escalante trabajó por muchos años en varios periódicos caraqueños, entre ellos El Nacional y El Universal, donde se distinguió por la perseverancia y estilo combativo, que lo hicieron acreedor del Premio Nacional de Periodismo como reportero político en dos oportunidades, además de haber sido Director de Información de la Presidencia de la República, consejero en la embajada de Venezuela en Londres y jefe de prensa de la Embajada Británica en Caracas . Desde hace cinco años he estado radicado en Texas , donde escribió el libro que aquí comentamos.

Un país de culpas ofrece una visión muy particular e incisiva de los cuarenta años de vicios, errores y aciertos que fueron abriendo camino para el ascenso de Hugo Chávez al poder, con anécdotas sobre personajes de especial significación a quienes el autor conoció y trató durante sus 25 años como reportero político, entre ellos Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jóvito Villalba y Carlos Andrés Pérez. Plantea el sino de la identificación política con el hombre fuerte que siempre ha perseguido a los venezolanos, a pesar de las largas y amargas experiencias que llenan la historia nacional.

En los capítulos siguientes aparecen situaciones extravagantes del gobierno venezolano, cuya explicación va inexorablemente asociada al pasado oscuro de ciertas figuras cercanas al presidente Chávez, que han contribuido a trastocar instituciones y derechos ciudadanos. Un pasado de conspiraciones, asaltos a bancos, secuestros, bombas, asesinatos… Con referencias de la manipulación de la opinión pública, la concentración de los medios de comunicación en manos del Estado y el uso de presiones variadas, se ilustra la dominación a que son sometidos los venezolanos. Las bandas del terror y los mecanismos hegemónicos de variada índole, han abierto paso a un torbellino en el cual la idea central es el líder indispensable, el mito vivo que se sacrifica por las masas y entrega su vida.

Los lectores encontrarán en el libro análisis y referencias de unas relaciones internacionales manejadas con habilidad para lograr apoyos a cambio de dádivas provenientes de la industria petrolera, así como datos sobre la carrera armamentista desatada por compras venezolanas que en trece años alcanzan sobrepasan los 20 mil millones de dólares y que, al mismo tiempo, han servido como fuente de suministro para ciertos países y movimientos subversivos. 


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